Buenos Aires, 23 de octubre 2014.
Sr. Raúl Andrés Sanhueza Carvajal
Cónsul general de Chile en Buenos
Aires.
Por la
presente nos dirigimos a usted y por su mediación al gobierno de la República
de Chile:
Como grupo e individuos conscientes, partes
del pueblo Mapuche y simpatizantes de su causa, deseamos expresar nuestra
preocupación y rechazo por los últimos acontecimientos que han afectado a
nuestro pueblo en territorio chileno.
Frente al asesinato de nuestro peñi José Quintriqueo
Huaiquimil (32 años), el día 2 de octubre del presente, atropellado por un
tractor manejado por un peón que trabajaba en un fundo que se encontraba en un
proceso de recuperación, acusamos que su
muerte es responsabilidad del Estado chileno y la CONADI, ya que son ellos los que deben responder frente a las demandas
en territorios en conflicto, según las propias leyes del Estado chileno y las del
derecho internacional. El fundo Nilpe, que está ubicado al sur de la ciudad de
Galvarino, es reclamado por la comunidad José Quilaqueo, ya que, según la ley
nacional 19.253 que ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE
LOS INDÍGENAS, y según el Convenio de la OIT, 169, art. 14. N° 3, son las
autoridades del estado las que “Deberán instituir(se) procedimientos adecuados
en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones
de tierras formuladas por los pueblos interesados”. La incapacidad de la actual
administración de responder a dichas demandas, tal como lo respalda y lo exige
la normativa vigente, ha llevado a que el nombre de José se sume a la larga
lista de mapuche asesinados por carabineros de Chile y, en este caso, personal
al servicio de latifundistas durante procesos de reivindicaciones
territoriales.
Es inaceptable que el Estado chileno continúe
con una política de exterminio contra nuestro pueblo a pesar de que incluso la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado esta situación. Este
último mes la represión se ha dirigido contra las comunidades en las comunas de
Galvarino, Cañete, Tirúa, Ercilla, Lanco, Río Bueno, Castro, es decir, a lo
largo y ancho de nuestro territorio. La grave situación de amenaza constante
que están viviendo nuestras comunidades ha sido sistemáticamente ocultada a la
opinión pública nacional e internacional, y, peor aún, en los medios masivos de
comunicación de Chile sólo se ha intentado criminalizar la justa causa de
nuestro pueblo nación Mapuche.
En este sentido, expresamos nuestro
descontento frente a la criminalización de nuestras autoridades ancestrales en
el contexto de los procesos de reivindicación territorial y protección de
lugares sagrados. Específicamente, nos referimos al juicio que el día 27 de
octubre se realizará en Valdivia contra la Machi Millaray Huichalaf, el Machi
Tito Cañulef, y los defensores del espacio sagrado del Gen Mapu Kintuantü a
orillas del río Pilmaiquén, Cristian García Quintul, Fénix Delgado Ahumada,
Facundo Jones Huala y Alex Bahamonde Garrido. Durante la preparación de éste
quedaron evidenciadas muchas irregularidades como, por ejemplo, que el día en que fueron
detenidos no había orden de registro ni de incautación de pruebas, sino sólo
una orden de ingresar a la casa de la Machi Millaray, y que el fiscal Sergio
Fuentes –a cargo de esta causa- por decisión propia se tomó atribuciones
extrajudiciales, por lo cual dichas pruebas están viciadas. Además, se
determinó que el fiscal no tenía las atribuciones para pedir o utilizar
información proporcionada por la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia),
vulnerando de esta manera los derechos constitucionales de los procesados, ya
que dicho organismo solo puede trabajar en causas de conflictos de Estado,
narcotráfico o terrorismo. Por lo anterior, queda demostrado el carácter
político de este juicio como persecución por parte del Estado, presionado por
el poder económico de la empresa eléctrica Pilmaiquén S.A., contra los que han
dado la cara en la defensa del espacio sagrado Kintuantü, buscando criminalizar
la justa defensa que hacen las comunidades de su territorio y su cultura.
Es por esto que exigimos al Estado de Chile,
a través de su cónsul en Buenos Aires, la
absolución de nuestros Machi y defensores de Kintuantü procesados en el caso Pisu Pisue, que se retiren los
proyectos hidroeléctricos del río Pilmaiquén y la devolución de las tierras
ancestrales.
Esperamos la pronta respuesta a las demandas
del pueblo Mapuche, así como la desmilitarización del territorio, fin a la
aplicación de leyes de excepción como lo son la Ley Antiterrorista y la Ley de
Seguridad interior de Estado y la libertad de todos los Presos Políticos Mapuche
contra quienes se han llevado procesos arbitrarios.
Atentamente,
Grupo de Apoyo Mapuche Buenos Aires y los que
firman a continuación.
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